Darle 76 millones (19 x 4) a la UPR sería como dárselos al Banco Popular o a Smith Kline, puesto que la UPR es, como éstas, una corporación privada. Sería en otras palabras “un bail-out”, es decir, sería una nueva deuda de 76 millones sobre los hombros de los puertorriqueños. La UPR es una corporación privada, fundada por medio de un “land grant” (por medio del cual se le expropió al pueblo de Puerto Rico la hacienda “La Convalescencia”, para convertilo en el campus UPR-Río Piedras) emitido en 1900 por el gobierno federal a los accionistas de la corporación UPR. A esos accionistas dueños de la corporación UPR, por tener privilegios especiales (excensiones contributivas de todo tipo, privilegio de anonimidad, etcétera) de los que no goza una corporación privada normal, no se les llama “accionistas” sino “bonistas” y a la corporación UPR no se le llama “corporación” sino “corporación *pública*”. En este contexto, el uso del adjetivo “pública” es un uso especializado de la jerga de las altas finanzas (privadas, por supuesto). Es como el uso del adjetivo “federal” en la frase “Federal Reserve Bank” (que no es un banco federal sino privado) o en la frase “Federal Express” (también compañía privada). De hecho, de la misma forma que el “Banco de la Reserva Federal” no es ni banco ni reserva ni federal, se puede decir con toda exactitud que la “Universidad de Puerto Rico” no es ni nunca ha sido ni universidad ni de Puerto Rico. No ha sido “universidad” sino particularidad y no ha sido propiedad “de Puerto Rico” sino propiedad de sus dueños, los bonistas.>> Dr. Rafael Andrés Escribano. Ver artículo completo »